Derechos iguales.
A partir de la creación de la unión y el registro civil en el siglo XIX, la libertad de casarse estuvo condicionada a los prejuicios nacidos de quienes preferían un cierto derecho basado en la sangre y la descendencia (la nobleza), la separación entre hijos legítimos e ilegítimos y la convención social de que una mujer era propiedad dentro del matrimonio, afortunadamente la disidencia en términos de género tuvo eco desde entonces al demostrar que había un deseo de tener a la mujer en el mismo papel que el hombre, a los hijos bajo la protección que se debía tener de parte del padre y otorgar a hombres y mujeres la libertad de casarse con quien ellos desearan.
Es algo reciente esa idea de igualdad, apenas se cumplieron 50 años que la Suprema Corte de los Estados Unidos revocaran la prohibición a los matrimonios interraciales, pese a que la igualdad entre hombre y mujeres venía de los años 20 con el Derecho al Voto Femenino y la incorporación de la mujer en los derechos del Movimiento Obrero, pese a ello todavía existe quien se da una autoridad moral para segregar y distinguir a un grupo minoritario de la mayoría, lo cual es sustentando todavía como racismo, clasismo y pigmentocracia en sociedades que se dicen igualitarias, de ahí la larga lucha por alcanzar el pleno reconocimiento ante la ley en que se haga valer el mismo peso en derechos y obligaciones a ambos miembros de una pareja y a ambos padres de un menor, otorgando además los derechos y obligaciones mutuas donde ya no se concede que el hombre sea quien trabaje y la mujer quien críe y eduque en casa, cuando la mujer es más independiente, mientras muchos hombres prefieren pasar más tiempo con los hijos e incluso acordar ser él quien esté en casa.
A lo anterior se suman las Familias Diversas, compuestas por personas que no están vinculadas por un matrimonio o unión, los hogares monoparentales donde el 40% de los casos el jefe de familia es una mujer que es madre y trabajadora al mismo tiempo, los matrimonios mixtos, que en algunas sociedades aún se rechazan por tener dos clases definidas entre dos o más grupos raciales, culturales o sociales.
La lucha por estos derechos de igualdad ha ido dando grandes pasos a lo largo del siglo XIX, aunque algunas personas aún no lo comprenden o intentan bloquear en nombre de prejuicios que disfrazan de principios morales o costumbres, pues el punto central del reconocimiento del matrimonio no es que todos deban casarse para beneficiarse de los derechos que la ley les otorga, sino en definir quienes pueden hacerlo y defender a esas uniones y tipos de familia dentro de un mismo marco legal.
La campaña de Defensa de los Derechos Igualitarios, nacida en 1980, ha luchado por eliminar la discriminación social y cultural por medio de las leyes que castigan y limitan las acciones de discriminación, al no darles la impunidad disfrazada de derechos o libertad de consciencia, de actuar contra una persona o grupo por no parecerles iguales, cosa que todavía se visibiliza al conocer que hay personas que son obligadas a separarse de sus hijos o de la pareja por esas ideas sin contar con ningún sustento legal para hacerlo excepto los prejuicios.
Dentro de la discusión está presente el otorgar el derecho al matrimonio o unión civil entre personas del mismo sexo o no heterosexuales, poniendo de pretexto ideas absurdas como el no poder concebir (cosa posible y que contradice a las uniones heterosexuales que deciden no procrear), el que son mala influencia para los hijos (pudiendo comprobar que se puede tener las mismas oportunidades al tener dos padres hombres o dos mamás que por tener un padre y una madre) o que se abusará de los menores (sabiendo que 7 de cada diez niños abusados es por el padre o un pariente cercano varón heterosexual dentro del círculo familiar).
La ampliación de derechos otorga primero en la pareja heterosexual los mismos derechos, desde la cohabitación, la defensa en caso de violencia doméstica, el cuidado de los hijos, la capacidad de heredar, recibir pensiones y protegerse del despojo en caso de divorcio o cuando la familia de uno de los cónyuges decide desconocer esa unión, además de los derechos mutuos y responsabilidades en caso de divorcio o separación, el acceso a cuidados médicos, la seguridad social, el seguro de desempleo y el goce de jubilación.
No por todo lo anterior se podría hablar de que solo se menciona el matrimonio o unión civil como ideal, se ha podido establecer que existen familias cuyo lazo de unión es la mistad o la mutua cooperación, pudiendo otorgar derechos y obligaciones a parejas de amigos, parientes o compañeros cuyo lazo no es carnal ni emocional.
Una de las muchas propuestas para "aligerar" el matrimonio igualitario era darle otro nombre, con otras reglas y limitando sus derechos, lo cual es considerado una forma de discriminación pues estaría creando una relación de segunda sin la plenitud de derechos que, en varios casos constitucionales, se otorgan por igual a todos los ciudadanos sin distinción de raza, sexo o género, ya superado ese discurso homofóbico el hacer valer la ley permitirá que no sea la sociedad, las amistades, el medio laboral o cualquier grupo minoritario religioso o cultural, el que decida a quien dar o no el valor de unión o matrimonio, sino que sea la ley la que se aplique de forma igualitaria.
"Mismos derechos, mismos nombres" pues todos pagan impuestos en igualdad y exigen mismo trato ante la ley y el Estado.
Nota: estos derechos no se obtuvieron porque alguien se casó primero, para llegar a esos matrimonios primero tuvo que pasar más de un siglo de activismo y sobre todo por la visibilización del Movimiento Gay al exigir un trato igual que los heterosexuales.
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